Legislación y políticas públicas
La violencia machista sigue siendo una realidad estructural en el Estado y en nuestra comunidad autónoma. No es un fallo aislado ni una estadística fría. Son vidas que se rompen, cuerpos que se desgarran y criaturas que sufren en silencio. Exigimos que la legislación y las políticas públicas respondan con firmeza, amplitud y eficacia. ¡Basta de retórica hueca!
Violencia vicaria: un logro incompleto
Desde diciembre de 2025, la violencia vicaria está siendo incorporada como delito autónomo en el ordenamiento jurídico español mediante un anteproyecto de ley orgánica que modifica el Código Penal y otras normas para tipificarla con penas específicas y agravante de género.
Esta ley —resultado de años de lucha— define la violencia vicaria como aquella ejercida para causar sufrimiento a las mujeres a través de terceros, principalmente hijos e hijas u otras personas cercanas.
Sin embargo, no es aún una ley plena: sigue en trámite parlamentario y sujeto a controversias políticas, con voces que señalan que la redacción actual no protege suficientemente a madres protectoras ni impide que el agresor mantenga contacto con sus criaturas víctimas.
Este reconocimiento jurídico es necesario, pero no suficiente. La tipificación debe ir acompañada de protocolos claros, medidas de protección blindadas y recursos reales para que las víctimas y sus criaturas dejen de ser usadas como moneda de cambio en el patriarcado judicial.
Violencia sexual: protección real e inmediata
No aceptamos medias tintas. Exigimos:
- Tipificación clara y sanciones proporcionales para todas las formas de violencia machista: física, psicológica, económica, digital y vicaria.
- Justicia efectiva, que no dependa de la interpretación arbitraria de un juez o de la saturación de un juzgado.
- Protocolos integrales adaptados para casos de violencia sexual, especialmente contra menores: atención especializada, escucha sensible y entornos que no revictimicen.
- Formación obligatoria en perspectiva de género para jueces, fiscales, policías y profesionales sociales.
Los anteproyectos de ley y los pactos sectoriales deben traducirse en protección real, inmediata y no en buenas palabras.
Leyes y políticas públicas transformadoras
Demandamos leyes y políticas públicas que transformen la vida de las mujeres y de toda la sociedad, y lo exigimos YA. Porque toda subordinación genera violencia: cuando se nos enseña que nuestros cuerpos, decisiones o voces valen menos, cuando la desigualdad se normaliza en el trabajo, en el hogar, en la educación o en los medios, se produce violencia estructural que legitima el abuso físico, psicológico, económico y sexual.
No hablamos solo de episodios aislados; Combatimos un sistema que permite que la violencia machista florezca, que alimenta la impunidad de los agresores y la invisibilidad de las víctimas. Las leyes y políticas públicas no pueden ser meras declaraciones: deben romper la subordinación, garantizar igualdad efectiva y protegernos de toda forma de violencia. Por eso, son imprescindibles:
- Igualdad laboral y salarial garantizada por ley: queremos instrumentos jurídicos que obliguen a empresas y administraciones a eliminar la brecha salarial, sanciones reales para quien discrimine y medidas que rompan la precarización estructural de las mujeres.
- Redistribución de los cuidados convertida en política pública vinculante: leyes y presupuestos que aseguren corresponsabilidad en hogares, servicios de cuidado accesibles y remunerados, y que rompan los roles patriarcales heredados.
- Derechos sexuales y reproductivos blindados legalmente: exigimos leyes que garanticen acceso universal y seguro a servicios de salud sexual y reproductiva, educación afectivo‑sexual obligatoria y protección frente a retrocesos políticos.
- Perspectiva interseccional en toda la normativa y planificación pública: queremos que género, clase, raza, orientación sexual y discapacidad se integren en cada ley, programa y presupuesto, no solo como declaración de buenas intenciones.
- Aplicación real y evaluación constante: no aceptamos leyes que existan solo sobre el papel. Exigimos seguimiento, indicadores claros y sanciones efectivas para quienes incumplan, para que la igualdad sea tangible y verificable.
No queremos migajas. No queremos soluciones parciales y fragmentarias. Queremos igualdad radical, con recursos, instrumentos legales y mecanismos efectivos que garanticen su cumplimiento.
¿Qué falla en las políticas públicas?
Existe normativa y planes estatales que, sobre el papel, intentan avanzar: hay recursos, centros de crisis, financiación a comunidades autónomas, recursos propios y campañas públicas. Pero nos preguntamos en voz alta:
- ¿Por qué sigue habiendo denuncias desatendidas?
- ¿Por qué tantos agresores reinciden sin que el sistema actúe con firmeza?
- ¿Por qué la protección no es homogénea entre territorios?
- ¿Por qué la participación de supervivientes no es vinculante en el diseño de políticas?
La juventud y la igualdad: Urgencias
Las personas jóvenes perciben y señalan carencias que no pueden ser ignoradas:
- Educación sexual y afectiva real y obligatoria en el sistema educativo, que enseñe consentimiento, límites y relaciones igualitarias.
- Reconocimiento de las violencias no físicas, como el control digital, la coerción emocional o la vigilancia constante.
- Políticas de igualdad que conecten con las vidas reales de la juventud, en vez de discursos institucionales desvinculados de sus experiencias.
Queremos una sociedad en la que las violencias no se normalicen, sino que se prevengan y no queden impunes.
Nuestra apuesta: legislación vinculante y políticas de impacto
No nos conformamos. No aceptamos leyes a medio hacer, protocolos desfinanciados ni planes que no cambien vidas. Exigimos:
- Legislación que proteja todas las formas de violencia machista, con aplicación eficaz.
- Políticas públicas con recursos, evaluación continua y participación real de víctimas y activistas.
- Transformación cultural profunda, empezando por la coeducación de nuestras niñas y niños.